Agencias | LA PRENSA de Lara.- Arcenio y Julio César Ramírez, comerciantes fundadores del Mercado Mayorista de Barquisimeto (Mercabar) denunciaron este jueves las actuaciones tomadas por el presidente de esa empresa paramunicipal al intervenir a la fuerza en su negocio Deposito Mérida C.A., impedirles el acceso y colocar un letrero que señala que ese local ha sido «recuperado«.
Sostienen los comerciantes que el fin de semana comprendido entre el 17 y 19 de abril de este año, un grupo de personas encabezadas por el presidente de Mercabar, Juan Carlos Sierra Trujillo y el gerente Jesús Salas irrumpieron violentamente en los locales de su propiedad, cortaron las santa marías, violentaron todos los candados de seguridad del negocio, desconectaron el sistema de alarma y se introdujeron en el sitio que estaba lleno de mercancía y bienes, sustrajeron cantidad de ellos y luego colocaron cadenas y candados así como un letrero que decía local recuperado.
«Consideramos esta medida arbitraria ilegal y violatoria desde todo punto de vista porque no tenían ninguna orden judicial que los amparara, lo cual nos obligó a llevar el caso por la vía judicial, como fue en primer lugar denunciar ante la Fiscalía Superior del estado Lara el pasado martes 21 de abril, y posteriormente el 24 de abril se interpuso ante los tribunales de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Tránsito, una acción de Amparo Constitucional en contra de la directiva de Mercabar«, explicaron.
«Queremos hacer pública una situación que ya se viene presentando desde hace tiempo en Mercabar y que se ha denunciado pero nadie ha tomado en cuenta, como es el desalojo, acoso y atropello a los comerciantes asentados allí desde hace años. Deposito Mérida C.A. tiene 37 años prestando servicio de comercio en el sitio, somos miembros fundadores de ese mercado, así como otros muchos que han sido desalojados por esta directiva que no entiende de dialogo ni conciliación», continuaron.
Ramírez quien se encontraba junto a su abogado Edgar Becerra denunció que luego de ser desalojados por la vía violenta de sus negocios, los locales son revendidos a otros particulares hasta en 50 mil dólares, acción irregular porque de acuerdo a los estatutos de la empresa, la infraestructura de Mercabar no pertenece a la alcaldía de Iribarren sino a un ente nacional como lo es el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación a través de la empresa adscrita a ese ministerio La Casa S.A.
Explicó el apoderado legal de los comerciantes, que los locales existentes en el mercado mayorista de Barquisimeto, no son propiedad de Mercabar C.A., dado a que los mismos fueron inicialmente propiedad de la Corporación de Mercadeo Agrícola, que desapareció y ahora pertenecen a la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas Sociedad Anónima, «La Casa S.A.», sociedad mercantil debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el N° 44, Tomo 36-A PRO de fecha 02-08-1989, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación.
«En tal sentido, Mercabar, sociedad mercantil registrada por ante el Registro Mercantil (Primero) de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, bajo el N° 34, tomo 1-E, de fecha 20-07-1983, del Expediente N° 12313, representada por los ciudadanos Juan Carlos Sierra Trujillo y Jesús Salas, ejerce solo la simple administración de todos los locales y espacios existentes dentro del Mercado Mayorista de Barquisimeto pero no es propietaria de los mismos.
Los comerciantes hicieron un llamado al Ministro del PP para la Alimentación y al Fiscal General de la República para que intervengan este mercado antes de que sea destruido», dijeron.
Las acciones tomadas por los directivos en plena cuarentena y cerrando un negocio que expende alimentos (granos) son considerados «un delito de violación al decreto presidencial de la cuarentena por el Covid 19, hechos punibles que requiere sea castigado conforme a la Ley, pues es claro que hay una instigación a la desobediencia de las leyes y resistencia así como desacato a la autoridad nacional» aseveraron.
«Ya lo dijo el fiscal general de la Republica, Tarek William Saab, que quien viole el Decreto Presidencial de la cuarentena decretado por el presidente Nicolás Maduro Moros, será imputado como tal e incluso por violar la Ley de Seguridad de la Nación», puntualizaron.
Fuente: El Universal
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