Osman Rojas D. | LA PRENSA de Lara – Lara se ha convertido en tierra inhóspita. La grave crisis económica y social que atraviesa el país ha convertido a la región centroccidental en un lugar en donde es prácticamente imposible vivir. Sin agua, sin gas y sin luz así deben pasar los días las personas que habitan la tierra de los crepúsculos. «Es como si estuviésemos en un programa de TV. Ya casi nos bañamos con tierra, todo es un caos», decía el señor Juan Perdomo, un jubilado consultado por el diario LA PRENSA.
La dramática situación que vive el estado con la prestación de servicios elementales como el agua y la luz ha llegado incluso a terrenos legales, pues este lunes 11 de mayo un grupo de abogados pertenecientes al partido Un Nuevo Tiempo, se fue hasta la sede del Edificio Nacional para introducir, en representación de la sociedad civil, un amparo constitucional por lo que consideran es una violación a los derechos humanos.
«El Gobierno debe garantizar a la sociedad la prestación de un servicio, pero eso aquí no pasa. Lamentablemente estamos en una región en donde es prácticamente imposible vivir. No puede ser que haya zonas en el estado en donde la luz se va por espacio de ocho o diez horas», decía Lorenzo Monasterio, presidente de Un Nuevo Tiempo en Lara.
El dirigente político señala que la sociedad no puede seguir viviendo así y califica como irresponsable a Carmen Meléndez, gobernadora del estado Lara, por decir que es mejor estar sin luz que estar sin agua. «El deber ser es que no falte ni lo uno ni lo otro», decía.
Alexis Ramos Castillo, uno de los abogados presentes en la solicitud del amparo constitucional, explica que la medida de ir a tribunales para llevar las fallas de los servicios a un terreno legal se toma por la violación a los derechos constitucionales. De acuerdo a lo que establece el artículo 178, numeral 6 de la carta magna, el municipio o el estado debe garantizar los servicios públicos a la población. Esto es un principio que no se respeta ni de cerca, pues diariamente en la región se registran cortes eléctricos prolongados y, al menos dos o tres veces por semana, las comunidades se quedan sin agua. Estas son sólo dos de las cientos de violaciones que hay a diario, pues el apartado de transporte, gas, salud y seguridad no fue tocado en el documento que se entregó.
«La gobernadora se burla de su pueblo ya que no hay cronograma para los cortes eléctricos. El agua es un derecho humano y un servicio para poder vivir; sin embargo, los habitantes sufren entre 15 y 30 días sin agua potable en sus hogares», dice Ramos Castillo por medio de un comunicado entregado a los periodistas.
Para confirmar lo denunciado por los abogados LA PRENSA hizo una encuesta en diversas comunidades. El 100% de las personas consultadas decía tener problemas con la luz, mientras que el 70% señalaba las fallas con la distribución de agua como su principal dolor de cabeza. El gas y el transporte fueron otras de las quejas que salió a relucir.
«Estamos viviendo en una jungla. Cada vez es más difícil y caótico vivir en Lara», decían las personas consultadas.
En teoría las autoridades deberían responder en 48 horas a la solicitud hecha por los abogados; sin embargo, desde hace cuatro meses la sociedad civil está esperando respuesta por una petición de amparo constitucional que fue solicitada ante la Defensoría del Pueblo por los cortes eléctricos.
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