LA PRENSA de Lara | Agencias.- Miguel Pizarro, comisionado para la Organización de Naciones Unidas del gobierno interino de Juan Guaidó, manifestó este miércoles que el informe sobre Venezuela de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos evidencia el control del gobierno de Nicolás Maduro sobre la justicia y las arbitrariedades cometidas en contra de la disidencia.
Señaló, durante una conferencia de prensa a través de medios digitales, que el documento, publicado por la organización el 14 de julio, refleja los casos de tratos crueles y de tortura como los que ocurren en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
«Palizas con tablas, asfixias con bolsas de plástico, inmersión de la cabeza del detenido bajo el agua, descargas eléctricas en los párpados y violencia sexual son parte de los tratos crueles de los que se habla en el informe», subrayó el funcionario.
Pizarro dijo asimismo que la administración de Maduro no ha acatado la recomendación de la ONU de disolver la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, señalada de cometer ejecuciones extrajudiciales. Rechazó que Maduro, por el contrario, le dé a ese cuerpo policial más competencias para «expandir» sus abusos.
El comisionado adelantó que en septiembre debe presentarse el informe final de la Misión de Verificación de Hechos, que narrará no solo lo que ha ocurrido sino que documentará nombres y cadenas de mando responsables de las violaciones de los derechos humanos.
Julio Borges, comisionado presidencial para Relaciones Exteriores, afirmó por su parte que el informe dejó al descubierto que Maduro entregó el territorio nacional a grupos narcoterroristas como el Ejército de Liberación Nacional y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
«Se dedican a extraer el oro del país, asesinar a venezolanos y destruir el medio ambiente«, aseguró el canciller de Guaidó.
El informe de la ONU concluyó, entre otros aspectos, que la independencia del sistema judicial ha sido socavada, lo que contribuye a la impunidad y a la persistencia de las violaciones de los derechos humanos.
Agregó que el Ministerio Público debe tomar medidas significativas para reducir los altos niveles de impunidad respecto a la muerte de manifestantes en el contexto de las protestas y operaciones de seguridad, así como en cuanto a las denuncias de tortura, malos tratos y la violencia de género.
Fuente informativa: El Nacional.
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