Ana Uzcátegui | LA PRENSA de Lara – El director de Movimiento Vinotinto en Lara, Manuel Virgüez, informó que de las personas que han resultado detenidas en Lara, por protestar en cuarentena, permanecen en calabozos de la GNB y de cuerpos policiales 18 personas, que ya tuvieron su audiencia de presentación pero no se les otorgó medida cautelar. Entre ellos se encuentran los casos de los cinco jóvenes detenidos en la Urbanización Antonio José de Sucre, en Barquisimeto, el pasado 23 de mayo implicados en manifestar por los constantes cortes de servicio eléctricos en horas de la noche. Al igual personas detenidas de Carora, municipio Torres, y El Tocuyo en Moran que se contabilizaron entre los meses abril y mayo.
«Tenemos una gran mora judicial, que puede ser solventada a través de medidas como los juicios online, tal cual como se está implementando en el resto del mundo, pero hasta ahora el TSJ no se ha pronunciado al respecto», expresó.
El TSJ ha informado que la Sala Constitucional se reúnen físicamente dos veces por semana, y mantienen contacto permanente por mensajería telefónica.
Retardo procesal es del 70%
Siete de cada 10 privados de libertad en Venezuela presentan retardo procesal, así lo indicó Carlos Nieto Palma, coordinador general de la Organización de Derechos Humanos Una Ventana a la Libertad. «La situación a nivel de justicia es grave, el fin de semana el TSJ emitió la Resolución 004-2020 en la que establece que ningún tribunal despachará hasta el 12 de agosto, pero el 15 de agosto son las vacaciones judiciales y eso es algo que no tiene nada que ver con el coronavirus, sino hay una resolución al respecto no vamos a tener tribunales hasta luego del 16 de septiembre», alertó.
Refirió que el hacinamiento en los centros penitenciarios del país va en aumento, sobre todo en plena cuarentena, según la ONG Una Ventana a la Libertad, extraoficialmente existen 110 mil presos en las cárceles del país, sin contar los privados que se encuentran en calabozos del CICPC, Policía Nacional& ;y policías estatales. «Los centros de detención preventivo están diseñados para que las personas permanezcan allí por un lapso de 48 horas, porque los policías no son custodios y esos calabozos se están usando como cárceles», puntualizó.
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