Ana Uzcátegui | LA PRENSA de Lara – Mientras en 10 estados del país esta semana se aplica una flexibilización con la reactivación de 24 sectores económicos, juristas denuncian que el sistema de administración de justicia en Venezuela se mantiene paralizado, tras la resolución número 004-2020 que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió, en la que establece que ningún tribunal despachará desde el 12 de julio hasta el 12 de agosto de 2020.
Rafael Narváez, abogado y defensor de Derechos Humanos (DD.HH), sostiene que la media del TSJ viola la Constitución porque busca «desaparecer» a la justicia, al asegurar que el máximo tribunal sólo se ha limitado a emitir sentencias políticas y electorales en la pandemia, pero vulnerando el debido proceso, agravando el retardo procesal e incrementando los niveles de hacinamiento en los centros penitenciarios y policiales del país.
«El TSJ ha cedido la administración de justicia al estado de alarma y al estado de excepción, esta declaración no sustituye los DD.HH ni la libertad de expresión según establece la carta magna. Aquí se demuestra que sólo funciona la justicia para los delitos que supuestamente se cometen en contra del Estado, pero no para aquellos delitos comunes», refirió el experto al explicar que en cuarentena sólo se han mantenido laborando y por guardias, los tribunales penales. Además el TSJ ha prorrogado el estado de excepción y el estado de alarma, violentando los lapsos establecidos en la Constitución en los artículos 337; 338 y 339.
El jurista también señaló que desde que inició la cuarentena el Estado ha aplicado detenciones contra comunicadores sociales al impedirles hacer cobertura periodística por las restricciones de movilidad, ha aprehendido arbitrariamente a médicos y enfermeras que han denunciado por sus redes sociales o en protesta que no cuentan con equipos de bioseguridad o insumos para atender la pandemia, y ha encarcelado a ciudadanos de la sociedad civil por manifestar ante las fallas en los servicios públicos. «Eso representa que la justicia penal está politizada, y además hay una justicia paralela fuera de ley, que se da cuando las FAES, el El Servicio Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Guardia Nacional (GNB) aplican detenciones sin orden de allanamiento», expresó.
El derecho al debido proceso que queda establecido en el artículo 49 de la Carta Magna también ha sido violado según explicó. Los detenidos infringir las restricciones de movilidad en cuarentena no han tenido pleno acceso a la asistencia jurídica. Narváez señala que los abogados no tienen acceso a los expedientes y que sólo se realizan audiencias de presentación, quedando suspendidas las audiencias preliminares, que es la fase procesal cuando el Ministerio Público presenta su acusación contra el imputado y el Juez convoca a una audiencia oral para que las partes hagan sus alegatos.
«Es una justicia chucuta. Lo que hemos visto es que cuando detienen a alguien por asumir su derecho a informar o demostrar su descontento por la crisis sanitaria y económica del país, realizan una audiencia de presentación y después los someten a una medida cautelar, que no es una libertad plena, sino bajo medida de presentación, o simplemente le aplican casa por cárcel, violando el debido proceso», exclamó.
Hasta ahora el TSJ sólo ha emitido sentencias de tipo político y electoral. «Los magistrados han sido muy diligentes para actuar de forma acelerada cuando persigue a los partidos políticos o cuando actúan contra el parlamento planteando un desacato de forma ilegal. El TSJ ha actuado en contra de la democracia y ahora despoja de sus tarjetas y símbolos a los partidos políticos sin juicio previo», resaltó.
Las instancias del Poder Judicial que se han mantenido activas han sido la Sala Constitucional y la Sala Electoral, que han declarado la omisión legislativa, juramentaron a los rectores del CNE y desaplicaron 12 artículos de la Ley de Procesos Electorales (LOPE) otorgándole facultad para modificarlas al Poder Electoral sin pasar por el parlamento.
Resoluciones son arbitrarias& ;
El abogado José Gregorio Zaa, explicó que el gobierno y el TSJ abusan del poder cuando extienden cada 30 días el estado de excepción, el estado de alarma y el estado de emergencia económica, sin considerar los lapsos establecidos en la Constitución.
«El estado de excepción se aplica sólo cuando hay situaciones extraordinarias que no se pueden resolver en un tiempo definido, allí se establece que se puede decretar el estado de alarma por 30 días, prorrogable por 30 días más. En el caso del estado de emergencia económica es por 60 días prorrogable por 60 días más, pero esta última medida se ha extendido por tres años y medio, en tal sentido abusan del poder, se agarran de eso pero no han creado las garantías que promuevan condiciones económicas y sanitarias por la pandemia«, indicó.
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