María B. Jordán | LA PRENSA DE LARA.- Activistas de la Alianza de Familiares de Víctimas (Alfavic) y la Red de Derechos Humanos (Redhelara), protestaron ante la Fiscalía Superior de la región contra la impunidad de las 21 personas que fueron asesinadas durante las protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro en 2017.
Los miembros de las organizaciones llegaron a la Fiscalía Superior de Lara y consignaron un documento exigiendo a los órganos de investigación que se aboquen a la verdad, justicia y reparación de los hechos. Detallaron que en 2017 hay 21 casos, de los cuales sólo han imputado como responsables a algunos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana por la muerte de Gruseny «Tony» Canelón.
«Luego de cuatro años seguimos pidiendo justicia por todos los jóvenes muertos en 2017, pero también los del año 2014. Se trata de los derechos humanos de todos ellos y sus familiares, y no nos están tomando en cuenta», comentó Luis Sosa, padre de Manuel Sosa, quien murió tras recibir un impacto de bala en Valle Hondo.
La entrega del documento se hizo el pasado 10 de diciembre, cuando se conmemoró el Día de los Derechos Humanos. Tanto familiares de las víctimas como activistas reclamaron que hasta la fecha no hay investigaciones a fondo de los hechos ocurridos. Sin embargo, tienen conocimiento de la revisión de expedientes y la inclusión de nuevas entrevistas, tras el inicio de la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad.