Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- A un mes y siete días desde que el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunciara el inicio de una investigación contra funcionarios venezolanos señalados de cometer crímenes de lesa humanidad al menos desde 2017, es poco lo que se ha avanzado en materia de derechos humanos, así lo afirman representantes de organizaciones no gubernamentales al indicar que existen 248 presos políticos, según el Foro Penal Venezolano, que continúan siendo víctimas de tratos crueles, inhumanos, degradantes y violaciones sexuales. Que sigue habiendo impunidad porque no se están investigando a los responsables intelectuales de las ejecuciones extrajudiciales y las persecuciones a la disidencia política y el retardo procesal no han cesado, a pesar que se han aplicado reformas a las leyes del sistema de justicia.
«Desde el 3 de noviembre, cuando se suscribió el memorándum de entendimiento entre el Estado venezolano representado por Nicolás Maduro y la Fiscalía de la CPI, no ha habido un avance que pueda ser sobresaliente en materia de DD. HH. en el país. Lo que existe es una simulación de justicia, es decir, empezaron desesperadamente a desempolvar casos que estaban congelados en la administración de justicia relacionados a personas asesinadas o gravemente heridas en el contexto de las protestas de 2014 y 2017». Es la evaluación de Marino Alvarado, coordinador de investigación de la ONG de DD. HH. Provea.
Asegura, que hasta ahora lo que se han hecho son algunos movimientos en los procesos judiciales de casos de tortura emblemáticos denunciados en los informes de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet y la Misión Independiente de Determinación de los hechos de la ONU, como del concejal Fernando Albán que murió torturado bajo custodia del Estado, al igual que el caso del capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo. «Todas las investigaciones que se están haciendo están orientadas a producir unas sentencias que terminan generando condenas contra actores materiales, pero no hay ninguna voluntad de investigar crímenes de lesa humanidad donde tengan responsabilidad los mandos que han cometido esos crímenes», exclamó.
Sostiene que el memorándum de entendimiento que suscribió Nicolás Maduro con el fiscal de la CPI, lo responsabiliza de hacer cumplir el principio de complementariedad de la Corte, es decir, que el Ministerio Público debe tener la voluntad y capacidad de investigar las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual que se han cometido en Venezuela en los últimos ocho años, y que los tribunales condenen a los actores materiales y al alto gobierno responsable de esos delitos, para que se haga justicia y se repare a las víctimas.
«No hay ningún anuncio realizado por el fiscal impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente, sobre cómo va a implementar el Estado venezolano el principio de complementariedad que ha suscrito el Gobierno con la fiscalía de la CPI, es decir, tenemos más de un mes y no ha habido ni un solo pronunciamiento del fiscal nacional», resaltó.
Reforma de leyes
La abogada Martha Tineo, coordinadora de la organización de DD. HH. Justicia Encuentro y Perdón (JEP), denunció que aunque la Asamblea Nacional dominada por el chavismo reformó en septiembre cinco leyes del sistema de justicia nacional, que son la Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico Penitenciario (COP), Ley de reforma de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales, la Ley Orgánica de Reforma del Código de Justicia Militar y la Reforma Parcial de la Ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación, sigue habiendo una deficiencia en cuanto a la aplicación de la norma.
«Hemos visto reportes del titular del MP, Tarek William Saab, diciendo que se han iniciado miles de investigaciones, el hecho de que se inicia una investigación no significa que ha habido avance de la justicia en Venezuela», destacó.
Sostiene, que incluso se mantienen en sus cargos jueces y fiscales que han sido nombrados a dedo, sin tener titularidad y que están subordinados al Poder Ejecutivo nacional.
«El Ministerio Público anunció hace más de un mes que iba a empezar a resolver el tema de la provisionalidad de los fiscales; sin embargo, en ese mismo anuncio el fiscal señalaba que iban a ser designados como titulares funcionarios que ya tenían largo servicio ante el Ministerio Público. No se trata de ahora darle la titularidad a los mismos fiscales que durante todos estos años han participado de forma directa o han sido omisivos en cuanto a estas violaciones de los DD. HH., es simplemente darle titularidad a quien ha sido pieza en la ejecución de todo este patrón de persecución política, de violación a los DD. HH. No sabemos si se han convocado concursos públicos, en todo caso si fuere así se debería convocar academias, universidades, profesores universitarios, a representantes de la sociedad civil para que pudieran participar, incluso como jurado en esos concursos», aseveró.
Por su parte, el defensor de DD. HH., Marino Alvarado, expresó que la falta de independencia de poderes en el país se evidenció hasta en los resultados electorales del 21 de noviembre, con el desconocimiento del gobernador electo de la oposición en el estado Barinas, Freddy Superlano, y su posterior inhabilitación política tras totalizarse los resultados.
«En este mes, lo que se ha reafirmado es el carácter no independiente del Poder Judicial en Venezuela, particularmente del Tribunal Supremo de Justicia que ha quedado evidenciado en el papel que está jugando el TSJ en la crisis electoral en Barinas», comunicó.