Guiomar López | LA PRENSA DE LARA.- «Madre, si me matan, que no venga el coche para los entierros… Que parezca, madre, que voy a salirme de la caja negra y a saltar al lomo del mejor caballo, y a volver al fuego», es uno de los versos de Andrés Eloy Blanco, que desgarra lágrimas de los familiares de los 27 caídos en Lara durante las protestas de 2014, 2017 y 2019 en contra del Gobierno nacional, de los 286 fallecidos en el país. Aún destrozados, nunca lo vieron como una pérdida y ahora vuelven a sentir las esperanzas de justicia con la visita del titular de la Corte Penal Internacional (CPI) a Venezuela.
Hasta más de cuatro años de lucha, con algunos casos que habían sido «cerrados» a falta de evidencias o quedaron a medias, con la identificación del funcionario de seguridad que accionó el gatillo y librando de culpa a esos superiores que calan en la línea de mando, cuando las denuncias señalaban la represión de algunos funcionarios para neutralizar las protestas. Un ambiente que se cubrió de sangre y dolor con más fuerza en 2017, teniendo como detonante en abril a las dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que dejaron sin poder a la Asamblea Nacional (AN), recayendo más potestades ante el máximo tribunal y el propio Ejecutivo nacional. Con todo cuadrado, al poco tiempo y para mayo el primer mandatario llama a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Ese año estuvo más cargado de luto, los larenses perdieron 20, de los 27 contabilizados.
Un recordatorio que fue plasmado durante la presentación y bendición de la «Cartografía de la memoria. Mapa de fallecidos en protestas en Lara», que se trata del registro de las organizaciones Provea, Red de Derechos Humanos de Lara y el Laboratorio Ciudadano, con el apoyo de la periodista Liz Gascón. Trazos que dejan atrás el dolor de un mapa teñido de sangre y en cada punto se instala una antorcha de claridad, porque el empeño sigue siendo por la justicia de quienes ofrendaron sus vidas a una causa de libertad y cambios, pero que hasta ahora es truncada por la política que empañó el futuro de estas víctimas que representan casi el 10% y en su mayoría jóvenes, de aquellos que tuvieron guáramo para salir a enfrentarse en la calle y sólo les bastaba con cubrirse del tricolor nacional.
Se trata de honrar la memoria y dedicación de familiares que no han desmayado. Así lo confirmó Nelson Fréitez, representante de Provea, al considerar que los procesos están en marcha y con más cercanía a la atención de la CPI, producto del esfuerzo y valentía de parientes y defensores de los derechos.
Con el monumento erigido por las víctimas en las cercanías de la plaza de Santa Rosa, sirvió de inspiración para la declamación de Roberto Valecillos. Evocó la prosa libertaria de Andrés Eloy Blanco, que reitera el coraje de aquel hijo perdido, pero que deja esperanzas de un semillero cultivado por sus huellas de resistencia. Las líneas de «Canto a los hijos en marcha» devolvió la nostalgia de los familiares presentes en este recordatorio de justicia y como una melodía de victoria.
Cuatro años han pasado y a Rosángela Durán aún se le aguarapan los ojos al recordar la muerte de su hijo en manos de la GNB en los edificios Terepaima de Barquisimeto, donde participaba en un «trancazo», afirma que su huella sigue intacta. A Roberto Enrique Durán Ramírez, el «Chino», como lo llamaban cariñosamente, lo asesinaron de un tiro en la cabeza el 28 de junio de 2017, cuyo caso estuvo cerrado sin señalar culpables hasta finales de 2020. Sólo lo retomaron en el transcurso de este año y su madre asume que seguro era por el ruido que se causaba en instancias internacionales.
«Sólo tenía 24 años y duele como si fuese ayer», le cuesta decirlo por su voz entrecortada, cuando el llanto es cada vez más difícil de contenerlo. El pesimismo nunca ha derrotado a esta familia, aún cuando el padre hasta suele complicarse de salud, simplemente de revivir aquellos momentos de dolor en un luto perenne y acentuado por la indiferencia de la justicia nacional. La sentencia es que no se van a cansar, porque asumen esa intención para que abandonen el seguimiento y la muerte quede con una respuesta insuficiente o nula.
La pena también sigue para Luis Sosa, quien también llora por su hijo Manuel Sosa, cuya vida le fue arrebatada a los 33 años. Para él es inolvidable ese 26 de mayo de 2017, cuando se entera que había recibido un disparo en el cuello cuando se encontraba en el distribuidor Valle Hondo de Cabudare. Un lugar alzado en protestas masivas y con la mayor participación de jóvenes. Sería la segunda víctima fatal en el municipio Palavecino, luego del polémico caso de Gruseny «Tony» Canelón Scirpatempo, de 32 años, acontecido el 24 de abril de 2017 en el distribuidor Bellas Artes de Tarabana.
«Sufrimos por nuestros hijos y esa pena sigue latente, por más empeño. Siempre está allí y es difícil que pase rápido», exclamó con dolor, al precisar que estos últimos meses sólo han buscado una «justicia» con sólo autores materiales y se ignora a los responsables intelectuales, como el objetivo de la verdadera justicia. Señala que tienen la identidad del supuesto asesino, pero sin importar las instancias superiores desde donde partieron las directrices de la represión.
Lamenta que el expediente del caso de su hijo se lo habían llevado a Caracas y sin tener la suficiente información. «Ojalá fuese una medida para dar celeridad y hasta hacerlo de conocimiento ante la CPI, pero dudo que se tenga la intención de entrevistarse a los familiares de las víctimas», señala y menciona que han sido consecuentes, considerando que su hijo y otros más se tomaron ese trabajo de creer y luchar por la libertad. Cicatrices que brotan sangre de impotencia, cuando desde el mirador de Santa Rosa mira a los lejos de ese distribuidor a la entrada de Cabudare, que le trae la muerte de su hijo, así como la de «Tony», ambos eternos luchadores y creyentes de la salida por el cambio político, desde la protesta y unidad en la calle.
Pero otra de las víctimas de abusos policiales se refleja en el rostro agrietado por tantas arrugas, de María Eugenia Prado. Se levanta y apenas puede apoyarse del bastón, mientras sus lágrimas no dejan de rodar. Su hijo está incluido en ese monumento de los caídos de Santa Rosa, pero no por la protesta. Ella busca a José Luis Prado desde el 29 de noviembre 2005, luego de que presuntos funcionarios lo sacaran de su casa culpándolo de homicidio. Amaneció varias noches en la morgue y nunca vio su cuerpo.
«Sólo Dios estará haciendo justicia, porque ya la vista ni me da», dice resignada a 16 años de su hijo desaparecido, considerando que se antojaron de él y sin tener una orden judicial.
Siempre muere algo, en procesos tan largos que arrastran a la familia. Es lo que interpreta Zenaida Mendoza desde la organización «Justicia, Encuentro y Perdón», al tener el doble rol de defensora y luchó por los derechos de su esposo, a quien lo mantuvieron detenido en un container y algunos funcionarios hasta le negaban la comida. El condicionamiento fue aceptar que había participado en los destrozos de las instalaciones de la sede del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente.
Con la «Cartografía de la memoria. Mapa de fallecidos en protestas en Lara», se recuerda esa valentía de quienes ofrendaron sus vidas por la libertad y el coraje de familiares por justicia, quienes tuvieron la bendición del diácono Fernando Fernández y la esperanza de reunirse mensual.