Guiomar López | LA PRENSA DE LARA.- El cansancio de los caficultores de Andrés Eloy Blanco se sintió ayer en el cierre de la vía principal de Sanare, mientras una comisión entregaba las solicitudes a la Corporación Venezolana del Café en Portuguesa. Una reunión que terminó fijando el precio del quintal en $250 para café lavado y en $230 al natural, tal como esperaban los afectados, pero que sigue dejándolos con los inconvenientes del mercado, principalmente por la regularidad en el suministro del combustible.
Desde el amanecer se conoció del cierre de acceso al pueblo y hacia la zona alta. El descontento era incontenible, un tractor se mantuvo estacionado en la entrada a Sanare, además de otros vehículos y motos. Las quejas iban en torno a la denuncia generalizada por las pérdidas, ante la venta en apenas $120 a $150 por quintal, ignorando todos los gastos operativos.
«Deberían estar entre 250 a $300, considerando los gastos por abono, fertilizantes, combustible y otros», reclamaba la caficultora Marys Andreína Colmenárez, al confirmar que se unieron representantes de las parroquias Pío Tamayo, Quebrada Honda y Yacambú. Se trata de 15 a 20 mil familias afectadas en este municipio.
Según Maximiliano Pérez, coordinador de la Federación Nacional de Caficultores, supuestamente son los precios que se esperaban ante una caída que se había mantenido en un promedio de $140. «Pero siguen los inconvenientes en el mercado y los precios tienden a bajar en plena cosecha», advierte.
Recomienda que los precios deben ajustarse a la realidad del mercado y que se había establecido en 2004 que los mismos deberían ser ajustados los 15 de septiembre de cada añ;o, lapso que se considera como arranque de la cosecha y que frente a tanta demanda puede tener el riesgo de la baja.
Considera el representante de los caficultores que «los precios viles del café no terminan de cubrir los costos de producción» y que, según estudios se conocía del 94,2% de la caída en la producción nacional. De allí que reitera la necesidad de mayores controles y vigilancia de las autoridades para que se frene la importación de un rubro de mala calidad o dudosa procedencia, que incluso puede ser más económico, pero con las amenazas de generar problemas de salud en consumidores.
